| Description | V. tb. Competencia administrativa, Nombramiento de funcionarios públicos Empresas del Estado, Empleados de las Instituciones autónomas del Estado, Empleados de las Pensiones Seguro de Vida, Cesantía e Invalidez Leg. y Dec. Actividades económicas Ley No. 526 de 1973 que prohibe a los funcionarios prestar equipo propiedad del Estado a particulares, G.O.9309.3 Decreto No. 951 de 1975 que prohibe que funcionarios intervengan como contratistas o subcontratistas con el Estado. G.O.9377.87 Conducta Ley No. 672 de 1982, que establece un Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. G.O.9591.147 Declaración Jurada de Bienes Dec. No. 287-06 que establece el nuevo Sistema Automatizado y Uniforme de Declaración Jurada de Bienes. G.O. 10379.67 Destitución Ley No. 277 de 1966 que faculta al Presidente a remover de sus cargos a todos los funcionarios, incluyendo los de organismos autónomos o semiautónomos, cuya designación le corresponde. G.O.8992.8 Ética Ley No. 120-01 que instituye el Código de Ética del Servidor Público.G.O. 10096.11 Huelgas Ley No. 56 de 1965 que prohibe las huelgas en las oficinas públicas e instituciones autónomas, G.O.8958.30 Decreto No. 725 de 1971 sobre huelga o reducción de labores, G.O.9216.70 Inventario Ley No. 82 de 1979 que obliga a ciertos altos funcionarios a levantar un inventario de sus bienes, G.O.9518.3 Premios Ley No. 302 de 1981 que instituye medalla y premios para los servidores públicos, G.O.9555.10 Viajes al exterior Dec. No.269-02 que crea el Sistema Nacional de Viajes Oficiales al Exterior de los funcionarios de las instituciones gubernamentales. G.O. 10132.92 Jur. Cambio de empleado privado a empleado público Si una disposición legal varía la condición de los trabajadores de una empresa regidos por el C.Tr. a empleados públicos, frente a una demanda en pago de indemnizaciones laborales, el tribunal debe mantener el reconocimiento de los derechos adquiridos por la ejecución del contrato previo a la modificación legislativa y basar su fallo en la nueva norma con respecto a los hechos posteriores, sin que ello implique la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma vigente. No. 8, Ter., Mar. 2011, B.J. 1204. Necesidad de usar la vía administrativa A los empleados y funcionarios del Centro Médico Semma Santo Domingo no se les aplican las disposiciones del C.Tr., al ser una entidad sin personería jurídica, levantada dentro de un inmueble propiedad del SEMMA, que a su vez está adscrito a la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos. No. 1, Ter., Jun. 2002, B.J. 1099. Los funcionarios y empleados del SEMMA que deseen recurrir una decisión del Consejo Directivo que los separó de sus funciones, antes de recurrir al contencioso-administrativo, deben agotar la vía administrativa ante la Secretaría de Estado de Educación, quien actúa como superior jerárquico, por estar SEMMA adscrita a ella. No. 19, Ter. Jun. 2010, B.J. 1195. Pensiones Es constitucional el Decreto no. 248101 de fecha 16 de febrero de 2001, así como el párrafo único del Art. 11 de la Ley no. 379 sobre un Nuevo Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano para Funcionarios y Empleados Públicos, cuya finalidad es permitir que los trabajadores continúen recibiendo el pago de sus pensiones en calidad de jubilados de la CDE, además de la pensión única a cargo del Estado establecida en el Decreto para los trabajadores de las empresas estatales reorganizadas. No. 60, Ter., Jun. 2011, B.J. 1207. Responsabilidad penal En la sustracción de un menor de la cual fue acusado, el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores no actuaba en el ejercicio de sus funciones y la posición gubernamental que desempeñaba no se enmarca dentro de la inmunidad diplomática. No. 17, Seg., Dic. 2009, B.J. 1189. Para que los antiguos servidores del Banco Central (Gobernador, Vice Gobernador, Gerente) puedan ser perseguidos penal y civilmente por sus decisiones y actos administrativos realizados en perjuicio del Estado y a favor de terceros más allá de lo permitido por la ley, es necesario que la nulidad que tales actos sea declarada por la autoridad competente. Es correcto que el juez sobresea la actuación iniciada por el Ministerio Público hasta tanto se obtenga la resolución judicial que declare nulos los contratos, actos y estados financieros por los que se consintieron facilidades extraordinarias al Bancrédito durante su periodo de rescate. La presunción de legalidad de los actos administrativos impide instaurar cualquier tipo de acción personal, civil o penal, contra funcionarios de la administración monetaria y financiera por actos en que hayan participado (Arts. 4 y 7 Ley No. 183-02). No. 5, Seg., Abr. 2010, B.J. 1193. | |
